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La Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, imponía a los Estados Miembros la obligación de aprobar una normativa interna que impusiera a las entidades del sector público y privado la necesidad de disponer de canales de denuncia.

Tras el inicio del procedimiento sancionador contra España por la falta de transposición de la Directiva, finalmente, en fecha 20 de febrero se ha aprobado la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que supone un cambio radical de las obligaciones en materia de cumplimiento normativo tanto en el sector público como en el sector privado, en la medida en que impone la obligación de disponer de canales internos de denuncia.

El objetivo de la sesión es analizar el contenido de la norma, y el contexto en el que se aprueba, para clarificar las implicaciones prácticas y las obligaciones que comporta para las entidades del sector privado y, especialmente, para las entidades que integran el sector público.

Duración: 4 SEMANAS – 1 MÓDULOS. Se estima una dedicación al curso del entorno a las 5 horas semanales por lo que su duración equivale a 20 horas de formación presencial.

PROGRAMA FORMATIVO

I.- Introducción.

• Antecedentes

• La Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo

• Conceptos generales

• Entidades obligadas

o Sector privado

o Sector público

• Canal externo

• Régimen sancionador

• Plazos para el cumplimiento

• Otras cuestiones relevantes

II.- Análisis de la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Finalidad y ámbito de aplicación.

III.- Especial referencia a su incardinación en los Planes de Medidas Antifraude.

IV.- Medios tecnológicos para la implementación. Ejemplo práctico.

V.- Preguntas y debate.

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